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La reforma laboral, el impuesto a las Ganancias y el Régimen de Grandes Inversiones son tres de los puntos más polémicos que incluye la Ley Bases que se está tratando en al Cámara de Diputados y que ya fue aprobada en general.
En particular, la industria local salió a reclamar que se modifique el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) que incluye incentivos tributarios para los proyectos productivos que superen los US$ 200 millones.
El RIGI establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos.
Además, les permite a los beneficiarios disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año y del 100% a partir del tercero.
Entre otros beneficios se dispone que las importaciones de las empresas que adhieran al régimen estarán exentos de derechos de importación, el impuesto PAIS, la tasa estadística y “de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales”.
Este último punto también es cuestionado por intendentes e incluso por algunos gobernadores que ven en esta normativa un recorte a sus presupuestos porque afectaría a gravámenes como Ingresos Brutos o los impuestos municipales.
Gustavo Puccini, ministro de Producción de Santa Fe, marcó días atrás la necesidad de evaluar los beneficios del RIGI ya que «podría impactar negativamente en la competencia con el aparato productivo local».
También sugirió bajar el monto mínimo del RIGI para incluir inversiones menores: «Quizá pueda bajarse ese monto, que no sea solamente los beneficios a inversiones de más de US$ 200 millones».
Al mismo tiempo, desde la Unión Industrial Argentina destacaron la importancia de contar con un régimen para grandes inversiones, aunque advierten que «podría fomentar la competencia desleal para las pymes».
«Es clave desarrollar un régimen de incentivos para PyMIs que fomente las inversiones del entramado local», señalaron en un comunicado.
Para la UIA si se aprueba tal cual está el RIGI «coloca a los proveedores locales en una situación de desventaja frente a los productos importados, toda vez que la importación no paga aranceles de ningún tipo mientras que los proveedores nacionales deben cumplir con todas sus obligaciones en materia arancelaria e impositivas».
También el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) Elio Del Re, advirtió que el RIGI “podría generar una competencia desleal con la industria preexistente”.
En ese sentido, señaló: “Si el producto en Estados Unidos vale 1 millón de dólares y en Argentina vale lo mismo, al que lo compra le saldría un 30% menos comprarlo afuera; no estamos hablando de competitividad, estamos hablando de incentivos”.
Del Re subrayó que los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales “ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías, de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes”. Y afirmó que el RIGI “no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser impulsados, ni tampoco prevé ningún tipo de ítem que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local».
Tanto la UIA como ADIMRA realizaron planteos ante el gobierno nacional y los legisladores para que se revea el proyecto y se pongan en marcha cambios «que permitan a las empresas argentinas convertirse en proveedores de calidad de los nuevos grandes proyectos». Hasta ahora no hubo respuestas a los reclamos.