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En medio de las negociaciones para aprobar las reformas de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, el Gobierno de Javier Milei se prepara para avanzar en el «pacto del 25 de mayo» anunciado en marzo, un paso clave para consolidar su plan de ajuste. La idea es acordar un «nuevo contrato social» con al menos 15 gobernadores en Córdoba mediante un compendio de máximas y medidas, la mayoría destinadas a profundizar el apretón fiscal.
En esos 10 puntos, similares a los 10 mandamientos, se plantea que el equilibrio fiscal «es innegociable» y se proponen una serie de objetivos como la reducción del gasto público al 25% del PBI, una reforma tributaria que «reduzca la presión impositiva», la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, el compromiso para avanzar en la explotación de recursos naturales, una reforma previsional que incluya un sistema privado de jubilación y una reforma laboral.
La propuesta es ambiciosa ya que las erogaciones del sector público consolidado rondaron el 43% del PBI en 2023, cinco puntos por debajo del pico del 48% alcanzado en la pandemia, pero 16 puntos arriba del 27% del 2004 tras la megadevaluación de Eduardo Duhalde, que lo redujo del 30 al 25% del PBI. Del gasto total del año pasado, un 24,8% correspondió a la Nación, un 15% a las provincias y el 3,2% restante a los municipios, según Marcelo Capello, del Ieral.
Para recortar 18 puntos del gasto, Milei pretende mantener congelado el presupuesto con una economía en crecimiento, algo que aún no ocurrió dada la caída de casi 7 puntos en el primer trimestre, según cálculos privados. «El norte es achicar el Estado para agrandar la sociedad, teniendo un gasto público consolidado de 25% del PBI, 10 puntos menos que EE.UU y la mitad de Francia», dijo el Presidente el lunes frente a inversores en Los Ángeles.
La idea es «freezar» el gasto público y «en la medida que la economía empiece a rebotar y crecer, el tamaño del gasto en tamaño del PBI va a caer, se van a engrosar las cuentas y voy a poder bajar los impuestos», explicó Milei la semana pasada en una entrevista radial. Así, con la premisa de que «la motosierra es eterna», el Gobierno busca ahora avanzar sobre los gastos de provincias y municipios.
El Gobierno viene de obtener un superávit fiscal del 0,6% del PBI en el primer trimestre por una recaudación mayor a las erogaciones, gracias a los ingresos del Impuesto PAIS y la fuerte caída del gasto. El impacto se sintió en jubilaciones y salarios públicos, la suspensión de pagos de energía en subsidios a las generadoras, el freno a la obra pública y el recorte de transferencias a provincias y universidades, lo que motivó la marcha universitaria.
Para el FMI, esas medidas no son «sostenibles» en el tiempo, por lo cual el Ejecutivo necesita aprobar su primera ley en cinco meses de gestión -que podría aportar recursos coparticipables por unos 0,8 puntos del PBI- y un acuerdo con los gobernadores. La meta acordada es un superávit primario del 2% del PBI en 2024 y, como el año pasado hubo un déficit de 3 puntos, el ajuste de este año debería ser de 5 puntos del PBI, «el más grande de la humanidad», según Milei.
En ese marco, el desafío del pacto de mayo es doble. Por un lado, la mira podría recaer en los gastos «solapados» de Nación con provincias y municipios, partidas discrecionales destinadas a educación, salud, desarrollo social y obra pública, que representan 2 puntos del PBI. Por otro, la intención es dejar de coparticipar el impuesto al cheque y avanzar en una reforma tributaria para simplificar y reducir tributos, como Ingresos Brutos e IVA.
El espejo en que se mira Milei es Irlanda, una economía que entre 2011 y 2013 redujo el gasto del 44 al 17% del PBI (una caída de 13 puntos) con baja de impuestos y ventajas fiscales a empresas como Apple. «Si logra bajar el gasto, pueden bajar impuestos. Eso es lo de Suecia, Irlanda y otros países, pero el punto es cómo lograr lo primero, depende cuánto tiempo se sostenga el gasto congelado y la tasa de crecimiento», dijo Daniel Artana, economista jefe de FIEL.
El panorama luce complejo. La decisión de postergar la suba de tarifas en luz, gas y transporte en pos de bajar la inflación engrosará la cuenta de subsidios. Y sin señales aún de un rebote en «V», la recaudación seguiría cayendo, pese al impuesto a los combustibles y el impuesto PAIS al 17,5% dispuestos por esta gestión. A fin de año, además, el Gobierno se comprometió a eliminar este último, lo que busca compensar con la suba de Ganancias y el monotributo.