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Cambia el mapa político
Más allá de las reformas aprobadas por Diputados conviene poner en el ojo, a los efectos políticos, en las tribus del Congreso. El peronismo, primera minoría, tuvo una división señera con los 21 votos, que encabezó Victoria Tolosa Paz, para aprobar la inclusión de la ley del tabaco. Esa división prepara otras, en un peronismo anclado en los debates internos de la provincia de Buenos Aires.
El lote de votantes del salón fumadores parece querer escapar del túnel del tiempo en donde Cristina, Máximo, Kicillof o Wado de Pedro se disputan un futuro que es tan irreal como la eternidad. Por el lado del oficialismo se demostró que, sin el PRO, La Libertad Avanza no tiene músculo legislativo, salvo individualidades como José Luis Espert.
El PRO votó contra el tabaco porque seguían el compromiso de no apartarse ni una coma del dictamen de mayoría. Habrá que esperar algún wikileaks para conocer las razones de tamaña pasión del salón no fumadores. On-the-record dicen que les prometieron que el tema sería materia de una ley especial.
El bloque-eje de la Cámara, Hacemos de Miguel Pichetto, inaugura la semana con seis diputados menos. El viernes la Coalición Cívica anunció que hace rancho aparte. Algunos argumentan disidencias sobre la reforma laboral. En el fondo se trata del cumplimento de un divorcio de conveniencia acordado entre Pichetto y Elisa Carrió.
La asociación se basaba sobre el interés de que los legisladores del sector tuvieran la posibilidad de ingresar a las comisiones. El acuerdo entre La Libertad Avanza, el PRO y Unión por la Patria los dejaban afuera si no acordaban un matrimonio de conveniencia.
El bloque Hacemos queda ahora con 16 diputados, y busca una ampliación para sumar a los de Innovación, los 9 que juegan con Hacemos en casi todo y comparten hasta reuniones de bloque. La Coalición promete actuar también dentro de un interbloque. El bloque tabaquista de los 21 de Tolosa abre la posibilidad de que la bancada de Pichetto se amplíe.
Es gente que busca su destino por afuera del cristinismo. Algunos de ellos, no todos, están atentos a los movimientos de Pichetto, que estuvo hace una semana en Gualeguaychú con el peronismo de Entre Ríos, incluyendo al exgobernador Gustavo Bordet, y en la casa del ex Aduanas Guillermo Michel. Renace el sueño del peronismo alternativo. Quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Dos votos menos
Esta sesión es un hito en el proceso inaugurado en diciembre pasado con un gobierno que busca armar una legitimidad de gestión que remedie su escasa cantidad de votos (29% de la primera vuelta) y su falta de partido, de legisladores, gobernadores, de programa y de funcionarios.
Un caso que comprueba la excepcionalidad argentina: un país en crisis económica casi perpetua, pero con un sistema político sólido que le ha permitido ya a tres gobiernos de minoría ejercer la presidencia. Cambiemos 2015 fue minoría en las dos Cámaras, Alberto Fernández era un delegado del peronismo del AMBA -Massa y Cristina-; Javier Milei es el producto más conspicuo del balotaje criollo urdido por Alfonsín para quebrar la cadena de triunfos del peronismo en el último medio siglo.
La importancia de este torneo legislativo va más allá de las recetas que se aprobaron, todas provisorias y con fecha de vencimiento, a tenor de los escasos votos que sacó el oficialismo: 142 en la aprobación en general, 2 menos que la primera versión de la ley ómnibus, que tuvo 144.
Leyes de patas cortas
La observación que debe atender el Gobierno es que la mayoría de los capítulos de las dos leyes -minibús, mal llamada Bases, y reforma fiscal- se aprobó por una cantidad de votos que supera ligeramente los 129 del quórum. De esos números surgen leyes anémicas y de corta vida.
¿Cree el Gobierno que algún inversor va a aponer una moneda para emprendimientos RIGI, que tienen un piso de USD 200 millones, con leyes que están apenas con 10 ó 20 votos por sobre el quórum, y que pueden ser dadas vuelta con un cambio de gobierno?
Leyes aprobadas por tan escasa diferencia pueden servir para hacer publicidad como un triunfo sobre la oposición. Es un defecto de todos los gobiernos. Dan grandes batallas por reformas que parecen descomunales, pero las sacan con diferencias tan tenues como la duración en el tiempo de esas normas.
Como se salvaron las joyas de la abuela
Los protagonistas de la sesión de Diputados se entregaron en el fin de semana a un recuento de daños, triunfos y decepciones. El telón de fondo lo puso el Gobierno, que resignó hasta la sintaxis de la redacción de la norma, que esta semana revisará el Senado, con tal de no repetir la derrota de la ley ómnibus de febrero.
El pasivo más significativo para el oficialismo la caída de un artículo clave para el plan de gobierno: la apropiación por parte del Tesoro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. En las dos versiones que hizo el Gobierno metía la mano en ese reservorio de dineros, a quien hoy muchos consideran la mesa de dinero más grande del continente, y los pasaba directamente al Tesoro.
La oposición, con Hacemos-Pichetto a la cabeza, respondió con una condición, que esos fondos fueran a tres destinos:
1) Reponer el flujo de fondos a las provincias que conservaron las cajas de jubilaciones y que las hayan modernizado («armonizado» es el eufemismo) en su funcionamiento -léase Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos-.
2) Aumentar un 8% las jubilaciones para recuperar la pérdida por inflación.
3) Pagar los juicios por actualización de jubilaciones que tienen sentencia a favor y no se han pagado: son 90 mil pasivos cuyos intereses los gobiernos vienen pateando hacia adelante.
Siguen los reclamos provinciales
El Gobierno vio, cuando avanzaba la sesión, que iba a perder la votación y en un ataque de realismo, directamente sacó el capítulo del proyecto. Quedó fuera del tratamiento, y el gran joyero de la abuela, que monta la friolera de entre USD 36.000 y 43.000 millones, sigue vivito y coleando en el ANSES.
Esa condición la puso Córdoba, entre otras provincias. Si el gobierno hubiera negociado con fineza, se hubiera sacado de encima los reclamos que las provincias tienen en la Corte. Son deudas que tendrá que seguir arrastrando.
Un 70% de esos fondos son papeles, entre ellos títulos y acciones de empresas privadas en las que el Gobierno designa directores. Las funciones que estos cumplen entran en el terreno de lo inconfesable, por los salarios y honorarios que cobran. Son el plan Potenciar Trabajo de la nomenclatura de todos los gobiernos.
Desregular, pero no tanto
También llora el Gobierno otra derrota por omisión, y que afecta a una de las cláusulas que inspiró el gran desregulador, Federico Sturzenegger: la delegación de facultades al Gobierno para eliminar regulaciones. La iniciativa figuraba en los papeles de la Rosada, pero con el correr de las horas advirtió que tampoco iba a tener el respaldo de los diputados. Prefirió dejar afuera este proyecto, que afectaba, en la redacción original, a sectores como el del libro, que eliminaba la norma de precio fijo que protege a las librerías.
También cayó la cláusula que metía la mano en la venta de las entradas de los espectáculos deportivos. Esas medidas quedaron, en la redacción final, agazapadas en el art. 71° del dictamen del oficialismo, en estos términos: el Gobierno podrá disponer «la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente». Primó la razón para que saliera la norma.
Una mano para los pobres
En el recuento sacan pecho los bloques de la UCR y de Hacemos. Lograron modificar la norma sobre fondos fiduciarios, para que las asignaciones específicas de impuestos de los fondos que se deroguen pasen a integrar la masa coparticipable con las provincias. También celebran el salvataje del llamado monotributo social, que tuvo como cabecera al diputado Itaí Hagman, lunga manu de Juan Grabois en el Congreso.
Este economista advirtió que eliminar el monotributo social que asiste a los más pobres mandaría al abismo a miles de trabajadores de los sectores de menores recursos de la sociedad. Nicolás Massot pidió un cuarto intermedio y llevó a los jefes de bloque al Salón de los Bastones. Discutieron con Guillermo Francos y José Rolandi, a quienes bajaron del palco desde donde miraban la sesión.
Reconocieron que nadie había visto venir este problema, ni el Gobierno ni la oposición. Se acordó votar que el Gobierno debe proponer en el plazo de 60 días una manera de financiar sectores que pagan sumas que están por debajo de la cotización mínima previsional y de salud. Según Hagman son 617.626 personas titulares del monotributo social, más 585.415 adherentes de su grupo familiar, muchos de los cuales son niños. Deben ser subsidiados.
Ricardo López Murphy alzó la voz para insistir en algo inviable en la Argentina de hoy: que se aumentasen los impuestos al juego para solventar esa necesidad. Menuda capitulación para un Gobierno que abomina del estado de bienestar, de los derechos sociales, y en cuyo diccionario no figuran las palabras «pobres» ni «caridad».
60 días para Tierra del Fuego
En 60 días el Gobierno también deberá presentar el programa de ahorro fiscal de por lo menos 2 puntos del PBI con cargo a los regímenes que se benefician con desgravaciones, como el caso insignia de Tierra del Fuego. Es, junto a la caída del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), el triunfo más importante de la oposición amigable. Desmiente el lema de «No hay plata» y busca quebrar la protección que hace el Gobierno de los favorecidos de la «separata».
La «separata» es la minuta que, en cada proyecto de presupuesto, ponen los gobiernos para enumerar el costo de las zonas de protección fiscal. La plata está ahí, y cuestan, según la oficina de Presupuesto del Congreso, 4 puntos del PBI. Nicolás Massot cabalgó este capítulo desde la primera discusión de la ley ómnibus.
Entradera en las comisiones
También la oposición amigable de Hacemos y un sector de la UCR logró que Martín Menem se comprometa a citar a las comisiones que tratarán proyectos de mejora del financiamiento de la educación, especialmente universidades, y de la reforma jubilatoria que ya dictaminó la Comisión de Previsión Social.
El presidente de la Cámara podía enfrentar nuevas derrotas del oficialismo, si prosperaba el proyecto de emplazamiento de la Cámara a esas comisiones para que remediaran recortes odiosos que ha impuesto el Gobierno. Se trataba de evitar más daños al oficialismo.
Enigma para gorilas
Este sector de los normales también logró imponer una reforma laboral que no se extendiese a una reforma sindical. Pichetto es el abanderado de este movimiento, que separó a Hacemos del bloque radical, que intentaba vengarse de derrotas de los gobiernos de Alfonsín y De la Rúa. Avanzar sobre los sindicatos, sus fondos y el derecho colectivo del trabajo hubiera significado otra derrota.
El debate hacia adentro del radicalismo sigue abierto. La conducción del bloque de Rodrigo de Loredo entendió que esa bandera era simpática para el afiliado radical. Como si el electorado gorila no tuviera otros llamadores más actualizados, empezando por el mileísmo, etapa superior del gorilismo. Creía, además, estar ayudando al Gobierno en algo que podía lastimarlo -ya en las reuniones previas al debate se había tenido que arrodillar ante la patria sindical-.
Un infiltrado entre radicales
Prueba del cisma radical es el seminario que convocó Fredi Storani, conductor de la línea interna CON (Corriente de Opinión Nacional) que expresa a un sector del radicalismo sociológico. Fue hace un par de semanas en el sindicato de jerárquicos de empresas de Energía, bajo el rótulo «Argentina CON futuro».
Uno de los oradores fue el secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo, nacido radical pero que integra la bancada de Unión por la Patria en Diputados. En la exposición recordó los aportes de la UCR a la legislación laboral, en un intento de confrontar con el proyecto de la bancada de De Loredo.
Enumeró, ante Martín Lousteau, Juan Manuel Casella, Danya Tavela, Mónica Fein, «Cachorro» Godoy (CTA), y otros, estos avances: en 1918, José Néstor Lencinas en Mendoza dicta el decreto 732 instituyendo la jornada de 8 horas; en 1929 Hipólito Irigoyen promulga las 8 horas de jornada de trabajo; en 1957 en la Convención Constituyente se incorpora el art. 14 bis por pedido de Crisólogo Larralde, que no era convencional; en 1958 Frondizi por decreto instaura el 82% para los jubilados; en 1964 Illia firma el decreto del Salario Mínimo Vital y Móvil; en 1994, la nueva Constitución preserva el 14 bis e incorpora pactos internacionales que favorecen a los trabajadores.
El repechaje, en el Senado
La aprobación de los proyectos fue una tarea de orfebrería que transitó por un libreto acordado por las partes. En el único tema que no siguió el libreto, se produjo la aprobación del capítulo del tabaco. Esa aprobación era necesaria para el Gobierno porque si no salía, mejor que se olvidase de los votos para la ley en el Senado. Allí pesan los gobernadores de provincias productoras de tabaco, claves para que sea ley este intento de gobernabilidad que emprendió el ejecutivo.
Fue el único tema que no estaba acordado entre los secretarios de los diversos bloques, que fueron: Silvia Lospennato (PRO y subroga en la Libertad Avanza), que fue a la sesión con lo puesto, con un jefe de bloque que había asumido hacía una semana y así la batuta la manejó Espert, que entró a la Cámara con Cambiemos; Paula Penacca (peronismo); Alejandro Cacace (UCR) y Oscar Agost Carreño (cacique del PRO de Córdoba pero que integra el bloque de Pichetto, Hacemos).
Todos reconocen que Lospennato abrió la autopista legislativa para un debate en donde cada parte acordó qué se pedía y cómo se respondía. Lo que quedó como derrota del gobierno puede remontarse en el Senado. Lo mismo que algunos puntos en donde la oposición no sacó lo que esperaba.