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La joven de 25 años de la Vall d’Albaida, en Valencia, que, junto con su hijo de cuatro años, está en riesgo extremo de sufrir un ataque mortal por parte de su expareja, a quien una jueza de Ibi ha dejado en libertad a pesar de esa situación tal como ha adelantado en exclusiva Levante-EMV, del mismo grupo editorial, pedirá judicialmente que la orden de protección sobre ella y su niño de cuatro años se haga extensiva a toda su familia. Además, pedirá que la jueza reconsidere su decisión y envíe a prisión al presunto maltratador o que, como mínimo, ordene que se le controle con un dispositivo electrónico.
La joven ya había solicitado esa medida de protección a la jueza de Instrucción número 2 de València nada más presentar la primera denuncia, el pasado 17 de abril, pero ahora volverá a hacerlo ante el juzgado que tramitará la causa, después de que sus ex suegros hayan protagonizado sendos episodios de supuesto acoso al saber que su nuera había denunciado el maltrato que lleva sufriendo seis años y que uno de ellos, el padre del acusado, se haya convertido en el instrumento por el que el presunto agresor ha amenazado de nuevo a su exmujer, rompiendo la orden judicial de mantenerse lejos de la joven.
Tal como ha informado este diario, la joven decidió denunciar a su ex el pasado 17 de abril, dos días después de la última agresión física, y lo hizo en la oficina de la Policía de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, en la Ciudad de la Justicia de València, por consejo de su abogada, porque ese centro, creado en tiempos del Govern del Botánic con Gabriela Bravo al frente de la Conselleria de Justicia, es el único que dispone de un equipo completo de atención psicosocial, algo de lo que carecen las oficinas de denuncias de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Después, fue atendida por la jueza y la fiscal de guardia de violencia machista, que ese día desempeñaba el Juzgado de Instrucción número 2 de València. La magistrada, a instancias de la fiscal, decretó una orden de protección que incluía la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de la madre, del niño y de cualquiera de sus ubicaciones habituales (casa, colegio y trabajo), y de comunicarse con cualquiera de ellos por cualquier medio o procedimiento, además de vetarle la entrada al municipio de la Vall d’Albaida en el que ahora residen los dos.
Sin embargo, la jueza de València, que se inhibirá por completo hoy en el más próximo al lugar de residencia de las víctimas, no acordó la protección del resto de familiares directos de la mujer, algo que ya solicitaba la víctima desde el principio.
Dejar en libertad al acusado
A raíz de esa denuncia, comunicada de inmediato tanto a la Guardia Civil de Castalla, donde vive el presunto agresor, como a la del municipio de la Vall donde se ha refugiado la joven con su hijo, dado que la valoración policial ha determinado que hay un «riesgo extremo de violencia grave o letal» sobre ambos, agentes del instituto armado detuvieron al presunto agresor al día siguiente, 18 de abril. Un día después, el 19, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Ibi, función que ese día (y los siguientes) desempeñaba la titular del Juzgado de Instrucción 1, con competencias también en Violencia sobre la Mujer. La jueza tomó una decisión habitual, dejar en libertad al acusado, dado que ya se había decretado la protección máxima sobre las víctimas: vigilancia policial personal durante 24 horas a tenor del riesgo extremo.
Ese mismo día, nada más salir libre, los padres del acusado se presentaron en distintos supermercados de una misma cadena en la que trabaja la víctima, buscándola, sin que se conozcan sus intenciones. La madre del detenido se presentó en la tienda en la que trabajaba la chica hasta que pidió el cambio para protegerse, e intentó que los compañeros le revelaran su nuevo destino. Pero no lo consiguió, porque estaban advertidos.
Viendo el poco éxito, le llegó el turno al padre. Ya por la tarde, después de comer, se fue al pueblo donde reside la víctima ahora (el de su familia) y se plantó frente al supermercado de la misma cadena. Hasta que llegó el hermano de la víctima y le obligó bruscamente a detener su coche. Entonces, empezó a proferir frases en tono amenazante para acabar conectando el altavoz de su móvil en plena llamada con su hijo, el denunciado, de manera que este agregó amenazas destinadas a su exmujer, rompiendo así la orden de prohibición de comunicarse con ella.
Tras poner ese hecho nuevamente en conocimiento de la Guardia Civil, se produjo la segunda detención, aunque un día más tarde, el domingo. El lunes, 22, los guardias de Ibi llevaron otra vez el detenido a presencia de la misma jueza, que nuevamente lo dejó en libertad y sin añadir medidas cautelares a las ya dictadas por la magistrada de València, a pesar de que ahora su detención obedecía al quebrantamiento y a que estaba apercibido (por la jueza valenciana) de las consecuencias de ese acto.
Ahora, viendo la actuación de los padres de su ex, la joven, a través de su abogada, solicitará orden de protección contra los padres y contra el hermano del maltratador, para quien, además, pedirá que se le ingrese en prisión o, como mínimo, se le coloque una pulsera de control telemático para conjurar, al menos, el riesgo de que acabe matándola a ella o al niño. O a ambos.