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La Coalición Cívica denunció en la Justicia al Movimiento Evita por el desvío de $ 4.000 millones a sus cooperativas

La causa se abrió luego de que Clarín revelara que la organización que lidera Emilio Pérsico fue una de las principales beneficiadas por los giros discrecionales del Gobierno. La jueza Capuchetti quedó a cargo.

Luego de que Clarín revelara que el Gobierno transfirió a cooperativas y asociaciones más de 14.000 millones de pesos de manera discrecional durante 2022, la Coalición Cívica fue a la Justicia y radicó una denuncia penal contra el Movimiento Evita, principal beneficiado de esos giros.

En medio del segundo día de acampe de las organizaciones de izquierda frente al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar un incremento de los planes sociales, el espacio político que lidera Elisa Carrió denunció a Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social; el Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alexandre Roig; a la Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del INAES, Milagros Moya, a Gildo Onorato, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, por el delito de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles.

La denuncia a la que accedió Clarín manifiesta que si bien los denunciados incurren en “diversos encuadres legales”, todos ellos guardan relación con tres hechos centrales, sostiene la CC- ARI: el acercamiento político a través de la agrupación “Movimiento Evita”, el vínculo en su labor como funcionarios públicos dentro de un mismo gobierno central y, por último, “forman parte de la asociación ilícita” vinculada a la gestión de los planes sociales.

De acuerdo a la causa que se inició en Comodoro Py, la entidad que encabeza Emilio Pérsico recibió de parte del Estado 3.836 millones de pesos de manera irregular.​

Al momento de dar sustento a los hechos denunciados, el espacio que lidera Carrió habló de una metodología -a través del uso de los planes sociales- para “el saqueo de los recursos estatales para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político”.

Los manejos que al entender de la Coalición Cívica son “fraudulentos” constituyen “actos ilícitos” pero también “representan un escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado”.

La maniobra denunciada se centra en una transferencia “ilícita y directa de recursos estatales por un monto de 3.836.167.660,00 pesos que fueron a las arcas del Movimiento Evita y las organizaciones políticas o cooperativas o asociaciones civiles o fundaciones o demás organizaciones de la sociedad civil vinculadas o que integran dicho Movimiento”.

Hay que recordar que el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Victoria Tolosa Paz destina 3.000 millones de pesos por día para la cobertura del plan Potenciar Trabajo, que a su vez se encuentra bajo investigación en Comodoro Py.

Justamente, esta nueva denuncia se unificó en el juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti, que tiene delegada en el fiscal Eduardo Taiano la investigación por las presuntas irregularidades en 248.000 planes. Se habían detectado beneficiarios que poseían embarcaciones, propiedades, que habían adquirido autos 0Km, y lo más cuestionado es que ahorraban divisas.

El monto denunciado por la CC- ARI constituye -sostiene la denuncia- “la punta de iceberg de la transferencias de recursos discrecionales al Movimiento Evita y otras organizaciones de similares característica”.

El modus operandi o el procedimiento dispuesto por esta “organización delictiva” tiene como finalidad “la obtención de los recursos públicos”.

¿Cómo funciona la estructura denunciada? Por un lado, con las designaciones estratégicas de los referentes del Movimiento Evita al frente de organismos públicos encargados de la asignación de recursos en el marco de programas y políticas sociales.

La segunda instancia que detalla la denuncia refiere a las maniobras necesarias para “desvirtuar la distribución de diferentes apoyos financieros desde dichos organismos a organizaciones que integran dicho Movimiento”.

Asimismo, “los referidos funcionarios públicos no solamente asignan con amplia discrecionalidad los recursos estatales sino que representan los organismos encargados de la fiscalización y control de los apoyos financieros. Así, como puede apreciarse, el círculo cierra perfectamente”.

La semana pasada, este diario dio a conocer que la mayor parte de esos recursos surgen de partidas extrapresupuestarias, que se entregan de manera discrecional y que durante 2022 superaron los 14.000 millones de pesos.

La mayoría de los fondos se entregaron a asociaciones y cooperativas que dependen de dirigentes de organizaciones sociales, como el Movimiento Evita, pero también a otras nucleadas dentro de la CTEP, de Juan Grabois, de la UTEP, comandada por Esteban Castro, y de la CCC, del diputado Juan Carlos Alderete. Sumados todos los recursos transferidos se superaron los $ 14.000 millones solamente en 2022.

Además, Clarín reveló que mil millones de ese global el Ministerio de Desarrollo Social se los transfirió a un jardín de infantes que reporta a una dirigente gremial ligada al ministerio, Mariana Larrea Gadea, que representa a UPCN en dicha cartera.

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