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“Lázaro Báez apostó por el país”: el curioso descargo de su abogado en el alegato del juicio a Cristina Kirchner

Lázaro Báez “no era empleado bancario, era gerente, ya estaba en la obra pública desde el año 2000. Austral Construcciones fue la empresa más importante de Santa Cruz, lo único que hizo fue apostar al país”. Así comenzó la primera audiencia de alegatos del abogado defensor del ex socio comercial de Cristina Kirchner. El doctor Juan Villanueva anticipó que solicitará la absolución del contratista, al entender que “todo lo que hizo Lázaro fue lícito” y acusó al gobierno de Mauricio Macri de “quebrar maliciosamente a una empresa nacional”.

Las afirmaciones chocan con la acusación del Ministerio Público Fiscal, que a través de Diego Luciani y Sergio Mola aseguró que sin Lázaro Báez y Austral Construcciones “no se hubiera concretado el plan criminal para desviar fondos del Estado”.

Cuando el fiscal Diego Luciani analizó el rol del dueño del Grupo Austral y su participación en la causa que investigó las 51 licitaciones adjudicadas por $ 46.000 millones -sostiene la imputación-, determinó que participó como organizador de la asociación ilícita.

Los fiscales acusaron al empresario -beneficiado con 51 contratos de obra pública por 46.000 millones de pesos durante los tres gobiernos kirchneristas- de ser organizador de la asociación ilícita supuestamente dirigida por Néstor y luego su esposa Cristian Kirchner. Báez “sistemáticamente realizó todas las acciones para que sus empresas se hicieran de licitaciones ilegales y obtuvieran los pagos”, señaló Luciani.

En base a esos planteos se pidió una prisión de doce años para Lázaro Báez, la misma cantidad de años que recibió cuando se lo condenó por haber lavado 55 millones de dólares con Austral Construcciones. En ese juicio conocido como la Ruta del Dinero K, dos de los jueces del Tribunal Oral Federal 4 determinaron que una porción de los fondos percibidos “de forma irregular de la obra pública vial” fueron volcados a las maniobras de blanqueo.

Por el contrario, este lunes lo primero que sostuvo el abogado Villanueva es que las acusaciones “son una mentira en las que omitieron la prueba producida en este juicio, los testigos que destrozaron la acusación del caso”.

El defensor de Báez acusó a los fiscales Luciani y Mola de “no ejercer su función porque mintieron deliberadamente”, y anunció que durante las tres jornadas en las que durará su alegato “vamos a desenmascarar esto, que la fiscalía ocultó la prueba producida en el juicio”.

Villanueva buscó explicar cómo hizo el dueño del Grupo Austral para convertirse en empresario de la construcción y adquirir un cuantioso patrimonio. Recordemos que la justicia determinó que lejos de los $ 66 millones que declaró ante la AFIP en 2013, era dueño de 1.412 bienes muebles e inmuebles distribuidos en ocho provincias. El valor asignado por el Tribunal de Tasación de la Nación fue de 205 millones de dólares en 2016.

“Lázaro no era ni un empleado bancario ni un monotributista, como gritó el fiscal. Después de varias capacitaciones fue ascendido en 1984 en el Banco Nación, fue jefe de área. En 1986 se va del Banco Nación para ir a un cargo de mayor jerarquía en el Banco Provincia y llegó al mayor escalafón”, dijo el abogado para defender el ascenso económico y social de Báez.

El defensor planteó después el desembarco de Báez en la obra pública. Dijo que antes de mayo de 2003 “Lázaro ya era constructor” ,ya que “después de su carrera bancaria en 2000 se incorporó como director de la empresa Badial SA”, una firma constructora.

Lo cierto es que Badial -investigada por la AFIP- construyó poco y se dedicó básicamente a la adquisición de propiedades, muchas de las cuales integran el patrimonio de Báez. Con esta empresa que para el abogado otorga antecedentes en obra pública vial, se compraron 87 inmuebles que representan 331.925 m2.

Para darle fuerza a la tesis de la historia de Lázaro Báez en el rubro de la construcción, su abogado dijo que hacia 2002 junto al empresario Sergio Gotti (de la familia dueña de una de las principales constructoras de la provincia) “pensaron en crecer en el rubro y crearon Austral Construcciones”.

Con mayor precisión, como arrepentido en el caso Cuadernos el financista Ernesto Clarens contó que “creíamos que la empresa Gotti estaba al borde de la quiebra, entonces se crea Austral como reaseguro para seguir operando, y con ella se cobraban los certificados de obra”.

En tres ocasiones Villanueva dijo que Lázaro Báez no era dueño de la firma Gotti, “sólo hubo un poder a favor” del titular del Grupo Austral. ¿Por qué remarcó esto? La firma Gotti tuvo que dejar de operar después de que se desnudara una estructura de facturación apócrifa y en la justicia federal se determinó que “la verdadera usuaria de la facturación apócrifa era Austral Construcciones”.

Después de intentar desligar a Báez de Gotti, como si no tuviera nada que ver con las operaciones investigadas, la defensa fue más allá y añadió: “Se asoció de manera estratégica, ofertando siempre el precio más bajo y así fue ganando obras porque lo único que hizo Lázaro fue apostar al país”.

Para indicar que todo lo que realizó el ex socio comercial de Cristina Kirchner fue legal, reiteró “toda la ganancia obtenida Lázaro la reinvirtió, compró máquinas, levantó obradores, adquirió otras firmas, aumentó su capacidad de obra, de contratación. Lo que es más importante, Lázaro apostó a la Patagonia”.

Justamente, en la Patagonia es donde Austral se dedicó a adquirir más de 89 propiedades según determinó la jueza comercial María José Gigy Traynor a cargo de la quiebra de la compañía.

“Austral no era una cáscara”

La defensa de Báez añadió que el contratista “le dio trabajo genuino a miles de personas durante años. Fue para la historia de Santa Cruz la empresa más importante, pero para los fiscales era una cáscara”.

Los fiscales se habían referido en esos términos a Austral, al plantear que la firma tuvo como único cliente al Estado Nacional, y que dejó de estar operativa cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada abandonando 24 obras. Pero además, Luciani y Mola mostraron que la firma en simultáneo celebró contratos millonarios con el matrimonio Kirchner. La acusación sostiene que la finalidad no era realizar obra pública, sino ser un vehículo para el desvío de fondos que por un lado posibilitaron el lavado de 55 millones de dólares, y en una etapa final “un esquema de reciclaje” a favor del patrimonio de los ex presidentes.

Para rechazar la acusación respecto a la defraudación de aquellos fondos, que según la imputación se desprenden de las irregularidades bajo las cuales se otorgaron los contratos, las modificaciones plazos y costos “sin justificaciones”, las obras “que prolongaron en el tiempo para garantizar el flujo de fondos”, el abogado Villanueva dijo que la defraudación “la cometieron los funcionarios de Macri que quebraron maliciosamente a una empresa nacional”.

En ese mismo razonamiento dijo que todo lo realizado por el Grupo Austral “fue legal, se hizo bajo los canales correspondientes y no existió ningún perjuicio al Estado ni a las arcas del Estado. La acusación es insostenible”, ya que las acciones de Báez ” estuvieron acorde a la ley y respondieron a su rol de empresario”.

Crítica a la pericia

La prueba del juicio, dijo el abogado, “partió de una hipótesis incorrecta. La fiscalía buscó de manera sesgada utilizar la prueba de esta causa, que todo lo que se hizo dentro de la ley”, y en este punto desestimó la pericia sobre cinco obras testigos que ordenó el Tribunal y que para los peritos oficiales arrojaron sobreprecios de 170 a 220 millones de dólares. “Usaron métodos incorrectos, mintieron y sólo firmaron conclusiones predeterminadas para perjudicar a Lázaro”, dijo Villanueva.

Adelantó que “vamos a pedir una investigación sobre la falsa pericia de Bona y Panizza (el perito de la Corte y el de la fiscalía). La única que hizo bien su trabajo fue Adriana Alperovich”. Se trata de la perito que intervino en representación de Cristina Kirchner y que no detectó sobreprecios. 

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