Después de que el presidente Alberto Fernández reiteró que Milagro Sala es víctima del lawfare -es decir que las causas judiciales en su contra son sólo una persecución política- y apuntó sus críticas hacia la Corte Suprema de Justicia que confirmó una de las condenas que pesan sobre la líder de la Tupac Amaru, la Corte Interamerciana de Derechos Humanos pidió informes al Estado nacional sobre la situación de la referentes kirchnerista.
En 2017, la Corte Interamerciana ya se había pronunciado sobre la situación de Milagro Sala. En aquel entonces, cuando se encontraba en prisión, emitió una resolución que pedía al Estado argentino que “adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala”.
Habían pedido específicamente al gobierno de Mauricio Macri, que “sustituya la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive, o por cualquier otra medida alternativa a la prisión preventiva que sea menos restrictiva de sus derechos que el arresto domiciliario”.
Ante el cuadro de salud que atraviesa ahora Milagro Sala y que condujo al presidente Alberto Fernández a visitarla en Jujuy, la Corte Interamericana le pidió al Estado argentino que eleve informes donde se detalle la situación actual de la dirigente social. El plazo estipulado fue hasta el 13 de julio.
La líder de la Tupac Amaru se encuentra internada en un sanatorio de San Salvador de Jujuy, donde le diagnosticaron “trombosis venosa profunda”.
El caso sumó el reclamo de la Secretaría de Derechos Humanos -dirigida por Horacio Pietragalla– a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades judiciales de Jujuy, para “que se dispongan las acciones necesarias para frenar el hostigamiento contra Milagro Sala, privada de su libertad de manera arbitraria desde 2016, y se dé cumplimiento a las medidas de protección dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Con críticas a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, el gobierno reclamó una vez más por la liberación de Sala. En una carta abierta, el mandatario provincial se refirió a la visita del Presidente y sus críticas sobre las causas judiciales que afronta la dirigente social. “Cuando asumí la gobernación tuve que reestablecer la paz luego de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas”, en referencia a Sala.
Morales agregó que en su “convicción humanística” le desea a Sala que “se recupere en su salud, que se mejore, pero para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común”.
Para el gobierno de Alberto Fernández, en cambio, Sala es una “víctima de la persecución política”. El comunicado oficial de la secretaría de Derechos Humanos sostiene que desde el momento de su internación, Sala “es acosada por miembros de las fuerzas de seguridad locales, que le impidieron tener cualquier tipo de intimidad con el personal médico y su familia. Los policías no se limitaron a aguardar en las puertas de terapia, sino que permanecen armados, al lado de su cama, y realizan constantes preguntas tanto a sus allegados y al personal de la clínica”.
Milagro Sala permanece bajo arresto domiciliario y la custodia de las fuerzas permanece en el hospital por ese motivo, sin embargo los abogados defensores indicaron que el proceder de los efectivos responde más a un hostigamiento que a los controles propios de alguien que está privada de su libertad.
La primera causa judicial que condujo a la cárcel a Milagro Sala data de 2016, cuando se la acusó de hechos de corrupción (administración fraudulenta, desvío de fondos, asociación ilícita), pero también casos por extorsión, amenazas y hechos de violencias que se plasmaron en otros expedientes que continúan abiertos. En total, afronta ocho investigaciones.
El expediente que más compromete a Sala la encontró como responsable de liderar una asociación ilícita y desviar más de 60 millones de pesos que habían sido destinados para la construcción de viviendas sociales entre 2011 y 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El máximo tribunal tiene en sus manos los recursos de queja interpuestos por su defensa, con los que reclama su libertad, en el marco de este expediente por la que se la condenó, en un juicio en Jujuy, a 13 años de prisión.