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Fiesta en Olivos: cuál será la estrategia de Alberto Fernández para cerrar el caso

La causa judicial sobre la fiesta en la quinta presidencial de Olivos en plena cuarentena, transita posiblemente sus horas finales. La semana pasada, el juez federal Lino Mirabelli avaló el primer acuerdo de reparación económica de una de las imputadas. La medida abrió el camino para que los demás acusados soliciten ser sobreseídos tras un acuerdo financiero. Alberto Fernández y Fabiola Yañez tienen delineada su estrategia para que se cierre la primera investigación judicial que recae sobre ellos.

En medio de la tensión política que afronta el gobierno, causada por su propia interna, el presidente busca poner punto final a la única investigación judicial que recae sobre él.

El jefe de Estado quedó imputado el año pasado por la justicia federal. Se lo acusó por haber violado el DNU que él mismo había firmado y que prohibía todo tipo de encuentros sociales, restricción adoptada como medida sanitaria en medio de la pandemia del Covid-19. Pero un año después, varias fotos y videos mostraron un festejo realizado en Olivos con la presencia de doce personas. Había sido el 14 de julio de 2020, con la participación de Alberto Fernández.

Con la confirmación de la Cámara de Apelaciones de San Martín respecto a que la investigación debía continuar -y no cerrarse como había pedido el presidente- el juez Mirabelli avanzó en un conjunto de medidas de prueba: pedidos de ingresos y egresos a la quinta de Olivos, autorizaciones firmadas para que circulen los invitados, justificación de sus desplazamientos y protocolos sanitarios vigentes, entre otras.

Este miércoles el magistrado homologó el primer acuerdo económico realizado en el marco del expediente. Se había firmado la vestuarista de Fabiola Yañez, Carolina Marafioti y el fiscal Fernando Domínguez. Sólo restaba la aprobación formal del juez para que entre en vigencia y así la joven quede sobreseída de la imputación en su contra: haber violado el decreto presidencial que impuso la cuarentena.

El juez Mirabelli homologó el acuerdo para que Marafioti “repare integralmente el perjuicio ocasionado, mediante el pago de la suma de 200.000 pesos, importe que deberá integrar, dentro del término de cinco días, destinado al Hospital Provincial Petrona V. de Cordero, sito en la localidad de San Fernando”.

En su resolución, el magistrado planteó: “Desde esta perspectiva, dejando a un lado cualquier consideración ajena al ámbito del derecho penal en orden a la repercusión de los sucesos, la solución propuesta para el caso no aparece arbitraria o ilegal, y sin duda importa un reconocimiento y compromiso activo frente al conflicto por parte de la acusada”.

De esta manera, el juzgado de San Isidro aplicó la misma herramienta de resolución que en todas las causas donde se investigaba la violación a la normativa: a través de un acuerdo de reparación integral.

Con este primer acuerdo homologado, lo que sigue será un efecto dominó. Los demás imputados realizarán ofertas similares -de entre 170.000 y 200.000 pesos- para que, de manera individual, se los sobresea y así se extinga la acción penal. Nadie comparecerá en un juicio oral por aquella fiesta ilegal.

Después de que ese conjunto de imputados logren firmar el acuerdo con la fiscalía y la correspondiente homologación del juez Mirabelli, Alberto Fernández y Fabiola Yañez realizarán sus ofertas económicas ante el juzgado.

La estrategia planteada por la defensa a cargo de Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo consiste en conseguir primero el sobreseimiento de los invitados, y en última instancia ofrecer un acuerdo para el Presidente y otro para Yañez.

Según dejaron entrever los letrados, se llevará a la fiscalía un planteo de reparación integral de unos 500.000 pesos cada uno. El número final será el equivalente al costo “de insumos médicos o de días de terapia intensiva por Covid o algún otro requerimiento sanitario”, explicó Fioribello a Clarín.

La única manera de llegar a firmar un acuerdo con el fiscal Domínguez es establecer una reparación vinculada a cuestiones sanitarias. “Esta manera de resolver estos casos tiene una consecuencia y es beneficiosa para la sociedad. Parecido o mejor que una multa, porque el dinero va a un lugar concreto. Y dentro de los plazos judiciales es una solución rápida que se ha venido aplicando a todos por igual”, explicaron fuentes judiciales a este medio.

Con ese telón de fondo, el jefe de Estado buscará cerrar el único caso que tiene abierto en la justicia federal. Según afirmaron a Clarín, la oferta se formulará después del nacimiento del hijo que esperan junto a Fabiola Yañez.

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