La controversia que se generó entre el Gobierno nacional, la oposición y algunas organizaciones ambientalistas por la explotación de petróleo offshore en Mar del Plata sigue. Ahora, la Cámara Federal de esa ciudad rechazó el pedido de recusación de Nación contra el juez Santiago Martín, que tiempo atrás frenó el proyecto y después apareció en una foto junto al constitucionalista Daniel Sabsay.
Así lo pudo confirmar PERFIL tras acceder a la resolución de cinco carillas con membrete de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y la firma de los jueces Alejandro Osvaldo Tazza y Eduardo Pablo Giménez, publicada este miércoles 23 de marzo.
En su fallo, los magistrados tomaron el planteo que había hecho el gobierno contra el juez de primera instancia a principios de febrero pasado. Había sido recusado tras la publicación de una foto en Twitter donde aparece junto a Sabsay y el abogado ambientalista José Esain, lo que para el Estado significó la supuesta parcialidad.
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Tras el rechazo en primer instancia, ahora los camaristas citaron la resolución del propio juez Martín entre los argumentos para rechazar el pedido de apartamiento. “Como refiere el magistrado recusado, se trata de una relación meramente académica, propia de sujetos que participan de la actividad docente universitaria y que contribuyen a la doctrina de la especialidad“, adujeron.
La Cámara también citó una serie de artículos del Código Penal que indican que la recusación procedería en caso que el magistrado tenga con alguno de los litigantes una relación de amistad de gran familiaridad.
Sin embargo, un párrafo después sostuvieron que la supuesta relación entre los abogados y el juez “no enmarcaría dentro de los supuestos contemplados (…) ni por cuanto ni Esain ni Sabsay son intervinientes en el caso”.
La advertencia al juez
Pero más allá de que la Cámara haya avalado la continuidad del magistrado en la causa por la explotación off shore frente a las costas marplatenses, también hubo una advertencia.
Poco después del dictado de la sentencia que frenó la explotación petrolífera en las costas de Mar del Plata junto al autor, el juez Santiago Martín. Honra a la Justicia argentina. Feliz de compartir la mesa con él y con el gran ambientalista José Esain. BRAVO. No lo olvidemos. pic.twitter.com/HncuHocA6o
— Daniel Sabsay (@DanielSabsay1) February 12, 2022
Los camaristas sostuvieron que es conveniente “recordar que los magistrados deben actuar con imparcialidad en los procesos puestos a su conocimiento”.
De ese modo, indicaron que deben abstenerse “de generar situaciones confusas para los litigantes que pudieren suscitar planteos recusatorios inapropiados, generando un desgaste jurisdiccional innecesario“.
La causa y qué podría pasar
La controversia en torno a la explotación petrolera off shore en Mar del Plata escaló a principios de febrero. El gobierno nacional le había dado una autorización a la empresa Equinor para comenzar con tareas de exploración sísmica.
Sin embargo, hubo una fuerte campaña de algunas ONG’s ambientalistas que se tradujo en una medida cautelar presentada en el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata. El 11 de febrero el juez hizo lugar y ordenó la inmediata suspensión del proyecto al menos hasta que haya sentencia definitiva.
Con la posterior recusación al magistrado, el Estado también apeló la vigencia de la cautelar y pidió que se revoque.
“Sus fundamentos están desvinculados de la realidad, y el fallo genera profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo y actividad económica en para las ciudades costeras”, dijo el secretario de Energía, Darío Martínez, al rechazar la medida judicial.
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“Esta actividad y sus operaciones se desarrollarán a mas de 300 km de distancia mar adentro de la costa atlántica, por lo cual, además de la utilización de estrictos protocolos de seguridad y protección ambiental en las operaciones, garantizan que no existirá contaminación visual alguna”, agregaba tiempo atrás.
Con el rechazo al pedido de apartamiento del juez, ahora la Cámara tiene en sus manos la resolución de la cuestión de fondo. Es decir, tiene que decidir si avala o revoca la cautelar que otorgó la primera instancia. Hasta el momento, el gobierno pierde la batalla.
ASV/ff
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