La periodista Karina Patricio Ferreira Lima y el ex funcionario del FMI, Chris Marsh, llevaron a cabo un investigación en la cual aseguran que el Acuerdo Stand By del FMI con la Argentina firmado por el ex presidente Mauricio Macri debería considerarse nulo.
El análisis jurídico internacional sostiene que el mayor programa en la historia del Fondo “fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto ‘ultra vire’.”
Cabe señalar que “ultra vires” es un principio jurídico que considera nulos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley, y cuyo objetivo es prevenir que una autoridad administrativa o entidad de derecho privado o público actúe más allá de su competencia o autoridad.
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En ese sentido, los autores del documento sentenciaron que “el Fondo no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales, ya que el programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un “agujero negro” contable de al menos 20.000 millones de dólares”, indicaron en la investigación publicada en el sitio especializado SSRN.
Asimismo, sostuvieron que “era previsible que el diseño del programa diera lugar a una ampliación de la duración y del grado del desequilibrio de la balanza de pagos de Argentina debido a la falta de pedidos de controles de capitales, que el Fondo estaba legalmente obligado a solicitar. Efectivamente, al momento de la aprobación del ASB, el Fondo evaluó razonablemente el riesgo de que sus recursos generales se utilizaran para financiar salidas de capital importantes o sostenidas, como efectivamente ocurrió”.
Otro de los supuestos considerados “ridículos” tuvo que ver sobre los ingresos estimados de capital durante el programa, que incluían “la confianza en entradas de capital financiero por casi 80 mil millones de dólares”, remarcaron.
Ante este panorama, el comunicado asegura que: “el programa debería considerarse nulo. Dado que Argentina no tiene los recursos para repagar el programa, debería haber un período (quizás mayor a 10 años) durante el cual se debería permitir a Argentina recuperarse. Esto significa en la práctica establecer un programa con un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha”.
RM / LR
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