Las tres cámaras que nuclean a los laboratorios, CAEME, CILFA y Cooperala, le enviaron una carta a la ministra de Salud Carla Vizzotti pidiéndole que quiten a la industria farmacéutica del proyecto de ley de “Protección Ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo” que impulsa el oficialismo.
Las tres entidades afirman que les preocupa la iniciativa que contempla gravar los envases de los productos de consumo masivo con una tasa de 3% por su “impacto económico negativo”.
“La industria farmacéutica, como otros sectores industriales, está comprometida con el cuidado del medio ambiente, el consumo responsable, la reutilización y reciclado para una economía circular, así como con la progresividad y gradualidad de las transformaciones sobre productos concretos de uso descartable masivo”, dice la carta.
Y agrega: “Observamos que el proyecto en debate cuenta con numerosos puntos críticos para el entramado industrial y comercial”. Según explican, la iniciativa pretende gravar la distribución mayorista de medicamentos y vacunas con una alícuota que puede llegar al 3% del valor de ventas.
Para las cámaras, el proyecto es “a todas luces excesivo e innecesario” cuando “la principal política del Gobierno Nacional es disminuir la inflación” y “en un contexto en que la industria farmacéutica está haciendo un esfuerzo de colaboración con el Gobierno y la población, con el compromiso de mantener el precio de los medicamentos estabilizados hasta el 7 de enero de 2022“.
Según las entidades, hay que tener en cuenta que “la incidencia de los impuestos sobre el precio de venta al público de los medicamentos llega al 37%, porcentaje superior al que existe en otros países de la región. Con la imposición cuestionada se estarían generando sobrecostos improductivos e innecesarios en la cadena de comercialización de medicamentos”, agregan.
“Los medicamentos, productos médicos, suplementos dietarios, vacunas, cosméticos y productos de higiene personal y para la salud, por sus características particulares y sus normas específicas reguladas por la ANMAT en todo el proceso productivo y de comercialización, deben ser claramente excluidos de este nuevo régimen del propio texto de la ley”, solicitaron.
Rechazo empresario
Además de los laboratorios, el proyecto que impulsa Máximo Kirchner cosechó el rechazo de cámaras y empresas. Entre quienes se manifestaron en contra de la tasa ambiental se alineó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). En un comunicado, la entidad manifestó su “preocupación frente a una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa”.
También Bodegas de Argentina, la cámara del sector del vino, se quejó del impuesto por al alta presión tributaria, así como la Cámara Industrial de Productores de Artículo de Limpieza Personal, del Hogar y Afines (ALPHA) y CADIBSA, que agrupa a los fabricantes de bebidas.
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