Con menor intensidad política que Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof se comporta receptivo con la reelección de intendentes en la Provincia y habilita el objetivo de los jefes comunales partidarios de nuevos mandatos 2023.
La estrategia es variada, desde la sanción de una Ley modificatoria, que impide un tercer mandato consecutivo desde 2015, hasta un cauce de amparo judicial por inconstitucionalidad de la norma. En medio, propuestas alternativas como la licencia de los alcaldes en la mitad de actual mandato. Es un gambito institucional para interrumpir la aplicabilidad de la prohibición y de esta manera el funcionario vedado podría presentarse al cargo, nuevamente, dentro de dos años.
La Ley 14836 fue sancionada en 2016. Involucra consejeros escolares, concejales, legisladores provinciales e intedendentes. Fue parte del consenso logrado entre la gobernador María Eugenia Vidal y Sergio Massa (Frente Renovador), cuando el ahora presidente de la Cámara de Diputados de la Nación refractaba las políticas del kirchnerismo.
Que Kicillof avale sin estridencia tiene su fundamento. En su gobierno cohabitan delegados del poder territorial del Conurbano (Insaurralde, en jefatura de Gabinete y Leonardo Nardini, en Infraestructura) y representantes gravitantes de la Cámpora, la agrupación de Máximo Kirchner. Mantienen acuerdos de intereses para el manejo de partidas presupuestarias, y difieren en los propósitos de renovación de los planteles distritales. Dicho de otra manera, el “camporismo” quiere llegar a las alcaidías. La perdurabilidad de los intendentes resulta una valla política.
“Habrán de superar esa diferencia al momento de la decisión“, sugieren en las cercanías de ambos sectores. En el oficialsimo está resuelto avanzar con la idea. Se los trasmitió este miércoles el propio Fernández, en Olivos. Allí, se reunió con una treintena de jefes comunales de la 1ra. y 3ra. sección electoral, que resume el 67% del padrón provincial. Kicillof también estuvo, acompañado de Insaurralde, el impulsor del retoque a la norma.
Un día antes, en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibía otra delegación encabezada por Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Alejandro Granados (Ezeiza). Habría que seguir los tonos declarativos posteriores al encuentro de Olivos: “Creo que entre los espacios a debatir ese tema tiene que ser uno, qué tipo de democracia queremos y si la reelección supone un elemento clave para la vitalidad democrática que es la elección libre tiene que estar restringida o no. Hay experiencias diversas, a nadie se le ocurre que la democracia alemana esté condicionada y distorsionada porque (Angela) Merkel estuvo 18 años como primera ministra. La democracia no sólo supone la alternancia”, palabras de Lucas Ghi (Morón) a Radio Provincia.
Ya está abierto el cauce exploratorio. En la oposición el comportamiento es de cautela. Sirve lo expuesto por una intendente del PRO a Clarín: “Nosotros vemos como elemento la alternancia. Es bueno para el sistema. Tenemos dudas por la “retroactividad” de la norma. Fue sancionada en 2016 y hace correr el impedimento desde 2015. Eso no está claro”, es el argumento. No hay en puerta mayores tonos declarativos que esos. Jorge Macri (Vicente López), Gustavo Posse (San Isidro), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús), en funciones desde 2015, son interesados de la causa.
La misma sintonía tienen los 33 radicales dispuestos a la reelección, liberados de la cláusula restringida. No irán más allá del planteo de esa “laguna técnica” de la ley. En el parlamento bonaerense, las autoridades de los bloque de Juntos por el Cambios respaldarían a los jefes distritales, pero no están dispuestos a pagar costos por el debate. Esperan que mueva las fichas el FdT.
En los tribunales de San Martín hay una presentación “dormida”. Un recurso presentado por un agraviado a partir de la norma espera su momento de activación. No necesariamente se agota allí la instancia. Cualquier juzgado puede recibir una presentación de ese tipo. Un concejal, legislador o intendente puede acudir a la Justicia si considera vulnerado sus derechos constitucionales. Esto es, si entiende que existe “restricción” sobre esos derechos.
¿Puede hacerlo ante un juez ordinario?. Podría tener andamiento en el Contencioso Administrativo, aunque también puede intervenir otro fuero. Queda habilitado ese tránsito legal por lo que se denomina “Control Inconstitucional Difuso”, que habilita a cualquier juez a intervenir en estos casos.
¿El ámparo debe ser presentado, con exclusividad, por legislador, concejal o intendente?. No necesariamente. Hay un sujeto llamado “pasivo” que permite a un votante acudir a la Justicia por “vulneración” de sus derechos de elegir. Es decir, ese ciudadano procurará sufragar por el candidato escogido, más allá de los mandatos consecutivos que tenga.
El primer paso sería la presentación, luego el sorteo del juez, y llegado el caso, si exige premura en el pronunciamiento del magistrado, el pedido impondría la necesidad de una medida cautelar.
Como sea, la polémica asomará tarde o temprano. Sin mínimos acuerdos entre oficialismo y oposición no existe posibilidad de evitar el desbarrancamiento por disociación con las prioridades de la sociedad.
Si el camino es una nueva ley, el FdT no dispone de bancas para la aprobación.
A veces, una tangente política disimula la sonoridad de los recintos parlamentarios. En los pasillos de la Justicia no hay discursos inconvenientes, ni ruidos que alteren la diafanidad de los estrados.