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Violencia de grupos mapuche: Chile pidió ayuda, pero el Gobierno es reacio a cooperar

Cuando en agosto de 2017 el joven Santiago Maldonado desapareció en una corrida de la Gendarmería contra manifestantes en una ruta patagónica, las autoridades argentinas recibieron varios avisos de sus contrapartes chilenas que advertían que el muchacho se pudo ahogar en el frío y torrentoso curso de agua. Así lo diría después la autopsia oficial tras su aparición en octubre de ese año.

“Chile tiene ojos en el cielo”, decían por entonces quienes le acercaban información al entonces secretario de Seguridad, Gerardo Milman y a la ex ministra Patricia Bullrich. Se referían a el avance tecnológico y la experiencia de la inteligencia vecina.

El caso Maldonado marcó fuertemente como otros la grieta política en Argentina. Pero además en aquel 2017 como ahora en el conflicto por la violencia de grupos autorreinvidicados mapuches se transparenta otro hecho: la falta de cooperación de alto nivel entre los dos vecinos sobre esta misma problemática que actualmente también tiene percepciones y abordajes diferentes.

Parte de lo incautado por gendarmería al vehículo con patente chilena, en Neuquén. Foto: Twitter

La cooperación bilateral en lo que hace al conflicto mapuche hoy no supera el ámbito policial, afirman en Santiago.

Por esto también en el gobierno chileno molestó tanto que el embajador Rafael Bielsa apareciera junto a la defensa de Facundo Jones Huala en la que el líder de la llamada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) estaba pidiendo la libertad condicional. Nacido en Bariloche, Jones Huala cumple en una cárcel de Temuco una condena de nueve años por el incendio de un fundo y portación de armas allí.

El reciente viaje que hizo a la Argentina el subsecretario de Interior de Chile, Juan Francisco Galli, para pedirle a su par Aníbal Fernández que se implementen acciones conjuntas para combatir lo que en Chile llaman terrorismo, muestra la importancia de la creciente escalada de violencia en la zona por el conflicto mapuche contra la propiedad estatal y privada. En el último tiempo se vieron numerosos ataques a ambos lados de la cordillera.

“Sostuvimos una reunión con el ministro de Seguridad argentino principalmente enfocada en dos temas. El primero fue generar acciones colaborativas para enfrentar la violencia que se vive en la Macrozona sur chilena y las provincias de Río Negro y Chubut en Argentina. Tuvimos conversaciones iniciales para fortalecer el control fronterizo e mantenernos informados de lo que ocurre a ambos lados de la cordillera”, dijo Galli a la prensa, el fin de semana. Y dijo que ambos acordaron comunicarse las acciones que desarrollen.

La posición chilena

Para el gobierno chileno se trata de problemas similares que necesitan abordaje conjunto. Chile está pidiendo ayuda. Desde enero de 2020 a esta parte a lo largo de su carretera P-72 hubo 75 atentados.

La detención de tres chilenos el sábado que habían cruzado a Neuquén con balas, municiones, ropaje militar -uno está apuntado como activista mapuche- es parte de la corriente que comunicaron a Fernández.

Galli dijo que estos grupos radicalizados trafican a un lado y otro de la frontera desde armas y drogas hasta madera. Y que parte de ello sigue rumbo a la Triple Frontera. 

Es cierto que en su grave crisis interna y el final de su gobierno, Sebastian Piñera -hay elecciones presidenciales el domingo 21- ha ido lejos en algunos puntos no sólo con Argentina.

Extendió la plataforma continental de Chile al sur de Tierra del Fuego donde también lo hizo Argentina. Ambos reclamos se superponen. Y hay tensión por ello. El canciller Andrés Allamand dejó de hablar con Felipe Solá y nunca lo hizo hasta ahora con Santiago Cafiero.

Entrevistado por la AM 750, Aníbal Fernández marcó diferencias. “Le planteé al Embajador y al viceministro de Interior que parece una situación de características idénticas pero no lo es: en Chile en este momento están con Estado de Sitio y hay presencia del Ejército del Sur. Nosotros hemos tenido en claro cuándo tuvimos que enviar Fuerzas federales, en muy pocos casos, solo para patrullar, cien efectivos”, dijo refiriéndose efectivamente a un decreto de Piñera.

Sin embargo, tanto Chubut como Río Negro, las provincias argentinas más afectados por la violencia de los grupos de mapuches radicalizados chocan con el gobierno nacional al sentirse descuidados por el Estado en esta cuestión. 

Ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Foto Federico López Claro.

Para gran parte del kirchnerismo el abordaje del gobierno de Piñera es diferente por razones ideológicas. Pero en Chile el conflicto mapuche suele ser política de Estado. Habría que ver qué resuelven los vecinos con la redacción de la nueva Constitución cuya convención está presidida por Elisa Loncón, una profesora mapuche.

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