La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le presentó un escrito a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva la causa sobre la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y para que impulse ante el Consejo de la Magistratura una investigación sobre la responsabilidad de las y los magistrados por los más de 26 años de demora.
Luego de la muerte del expresidente Carlos Menem, uno de los principales investigados en esta causa, “se vuelve urgente que el Poder Judicial resuelva de forma definitiva el caso, se priorice el derecho de la comunidad a conocer la verdad sobre lo ocurrido, y se lleven adelante las investigaciones necesarias sobre las falencias en la tramitación de la causa”, señaló la ONG en un comunicado.
La Corte Suprema tiene a estudio la absolución por exceso de plazo razonable dictada por la Sala I de la Cámara de Casación en 2018. Allí los jueces Liliana Catucci y Esteban Riggi sostuvieron, entre otras críticas al trámite, que “todo ello ocurrió por la exclusiva desidia, inactividad o deficiencia en la técnica investigativa de los distintos órganos estatales intervinientes”, dijo la ACIJ, una de las fundaciones apartidarias más influencies de Argentina.
El ex presidente había sido condenado a 7 años y medio de prisión por un tribunal oral pero Casación tomó esa decisión que el fiscal Raúl Pleé apeló a la Corte.
La causa se abrió en 1995 en base a una investigación del periodista de Clarín Daniel Santoro. Por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans la causa recayó en el juez Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli. Pero luego la Corte pasó el caso al fuero penal económico.
Se trató del contrabando de más de 6,5 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia que estaban en guerra con Perú y Serbia en ese momento, respectivamente. Además, en noviembre de 1995 se hizo estallar al fábrica militar de Río Tercero y murieron 7 personas, otras resultaron heridas y varios barrios de la ciudad destruida. Pero la voladura se investigó en otro causa en la que se condenó a militares y Menem debería ser indagado pero falleció antes de la citación.
Sin embargo, pese a la identificación “de graves demoras, no se inició proceso disciplinario alguno que permita dilucidar las responsabilidades de las y los magistrados intervinientes. Luego del fallo de la Cámara de Casación, el expediente llegó a la Corte Suprema” y recibió dictamen del Procurador General solicitando que sea revocada la sentencia y se ordene dictar un nuevo fallo, pero hasta la fecha no tuvo sentencia.
En la reciente presentación de ACIJ se le solicita al Alto Tribunal resolver una causa que tiene a su estudio -por segunda vez- desde hace más de tres años, para “no profundizar la excesiva duración de este caso”.
Por el otro, se le pide a la Corte que remita las actuaciones al Consejo de la Magistratura de la Nación para que se de inicio a “una investigación capaz de determinar las responsabilidades que eventualmente puedan caberles a las y los magistrados que tuvieron a cargo esta causa desde sus comienzos, por haberla tramitado en violación de los plazos legales previstos”.
A su vez, se le requirió a la Corte que exhorte al Consejo de la Magistratura a elaborar un informe detallado con los resultados de esta investigación para “ser presentado al conjunto de la sociedad en pos de garantizar el derecho a la verdad de la ciudadanía y un adecuado ejercicio del deber de rendición de cuentas”.
Se trata de un caso extraordinario y los jueces de la Corte deben entenderlo de esta forma, a fin de evitar que estos hechos “sigan sucediendo indefinidamente en un futuro”.
“La corrupción es una de las graves problemáticas que afronta este país y su impunidad es condición de posibilidad para su perpetuación. La adopción de medidas concretas respecto del accionar de quienes permitieron que esto ocurra, es un paso imprescindible para que comiencen a producirse cambios relevantes”, agregó la ACIJ.
El caso “involucró a un ex Presidente de la Nación, que dirigió el Poder Ejecutivo durante diez años y medio, y sobre el que aún habiendo fallecido a edad muy avanzada no se pudo conocer su responsabilidad penal”. Pero, “además, se trató de un delito cometido en relación a otros Estados nacionales y en perjuicio de otros, por lo que la impunidad generada por nuestro sistema judicial representa también una deshonra internacional“.
“Es difícil realizar un cálculo económico del costo que generó la tramitación de un expediente que tiene largamente más de doscientos cuerpos, pero sin duda se trata de una fortuna para el erario público, lo cual resulta inaceptable para una investigación que está a punto de quedar en nada”, agregó la ONG.
Por último, “la circunstancia de que el propio sistema judicial haya determinado que existieron irregularidades e incumplimientos procesales en el trámite procesal por parte de los encargados de producirla, pero no se haya ordenado una investigación para determinar responsabilidades, implica también una preocupante falla del sistema”.