En el tramo final de la campaña de cara al 14N, desde la semana pasada cobró vigor la discusión en torno al reparto y distribución de los subsidios que reconfiguran lo que cada ciudadano paga por sus boletas de luz, gas o transporte, según donde esté radicado. Con la nueva composición del Congreso podremos saber si los planteos o promesas de redefinición de los esquemas de distribución de tarifas fueron un eje para reforzar la campaña o si, efectivamente, llegará el momento de un replanteo federal de los miles de millones de pesos que en muchos casos se concentran en el AMBA.
Pero mientras esas piezas terminan de acomodarse y esa narrativa evoluciona o no desde la plataforma electoral a la agenda concreta legislativa el análisis de documentos oficiales puede servir para seguir pensando cómo se reproduce y reproducirá ese reparto de fondos en otros planos. Es lo que hizo un equipo de economistas del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que puso la “lupa” sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022, donde se especifica el gasto que el Gobierno Nacional planea realizar, así como la estimación de los recursos con los que contará para hacerlo.
Según se explicó, el informe analiza el gasto desde la óptica provincial, para lo que se identifica dónde se realizarán los diferentes tipos de gasto, utilizando la imputación geográfica del propio presupuesto. Y se hizo foco en el gasto de capital que se proyecta realizar en cada provincia el año próximo. Según el proyecto, la Administración Nacional prevé gastar en 2022 un total de $13.336.520 de millones. De este monto, un 76% es imputable a alguna provincia en particular, y el restante 24% se atribuye a más de una provincia (interprovincial), a nivel nacional, o incluso a nivel binacional. El foco en ese informe es en el gasto atribuible individualmente a las diferentes provincias, que equivale a $10.085.663 de millones, es decir, algo más de 10 billones de pesos.
Inequidades. Y una de las primeras conclusiones que surgen al analizar el informe del Iaraf es que hay fuertes disparidades en el reparto de los fondos entre distintas provincias si se piensa cómo se da esa distribución en función de la cantidad de habitantes y en lo que recibiría per cápita cada provincia. Desde Iaraf se explica que el gasto de Capital del gobierno nacional incluye la obra pública llevada a cabo directamente por dicho nivel de gobierno (denominada Inversión real directa), a lo que se le suman las Transferencias de capital: envíos de fondos para que otros entes públicos, provincias y municipios lleven a cabo erogaciones con este fin (construcciones, reparaciones, compra de maquinaria y equipo). En el presupuesto se prevé que los gastos de capital de la Administración Nacional se incrementen un 69,8% en comparación con el ejercicio 2021. Este crecimiento comprende un aumento proyectado de la Inversión Real Directa del 108,2%, y de las Transferencias de Capital del 54,3%.
Analizando la suma entre la IRD y las TC, surge una distribución desigual entre las provincias, siendo Buenos Aires el lugar donde más gasto de este tipo se realizará (26,4% del total), seguido por la C.A.B.A. (23,5%) y luego Santa Cruz (5,1%). Los últimos puestos del ranking son ocupados por San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego, que representan el 0,8%, 1% y 1,1% del mencionado gasto respectivamente.
Separando lo que es el gasto a realizar por parte del gobierno nacional directamente en las provincias a través de la Inversión Real Directa de lo que proyecta que se realizará a través de Transferencias de Capital a las jurisdicciones para que éstas ejecuten las obras, se mantiene la importancia de la participación de Buenos Aires y la C.A.B.A. en los montos totales proyectados, aunque con diferencias en el resto del ranking. Nuevamente, es útil realizar la división de los recursos destinados a cada gasto por la cantidad de habitantes de cada jurisdicción, para tener una mirada más significativa de la distribución del gasto entre las provincias. En el caso de la IRD, la C.A.B.A., Tierra del Fuego y Santa Cruz son las provincias en donde más se gastará.
Reparto de Inversión Real: En el caso de la IRD, hay una diferencia importante entre las jurisdicciones de acuerdo a lo que cada habitante “recibe en promedio” de gasto de capital ejecutado por la nación por este inciso. Mientras cada misionero recibe $2.527, cada cordobés obtendrá $6.600 y en el otro extremo cada porteño y cada fueguino contarán con $41.215 y $25.987 respectivamente de obras a ejecutarse en su provincia.
Reparto de Transferencias de capital: aquí las disparidades por habitante son aún más marcadas que en cualquiera de los anteriores. Un cordobés promedio recibirá en 2022 transferencias por $2.309 anuales, mientras que cada riojano recibirá 21 veces más y cada santacruceño recibirá $81.453, es decir el equivalente a más de 35 veces los envíos promedio por habitante de la provincia mediterránea.
“Es entendible que haya una diferencia en las Transferencias si consideramos la disparidad poblacional entre provincias del centro o del sur. Pero, ¿esa disparidad te justifica una diferencia de 35 ó 40 veces? No. El caso de La Rioja es muy particular porque La Rioja tiene desde la época de Menem una asignación de Transferencias de capital que va por Presupuesto y que es cerca de 1 punto de la Coparticipación, que lograron que aparezca siempre como una Transferencia de capital y casi automáticamente se les asigna. La pregunta entonces es, ¿las diferencias en lo que recibe cada provincia están justificadas en algún elemento objetivo? Y uno se siente tentado a decir que no. ¿Qué diferencia hay entre Santa Cruz y Córdoba para que Santa Cruz reciba 35 veces más por habitante?”, plantea Ariel Barraud, economista del Iaraf.
Obras de Inversión Real Directa. El monto total previsto de la Inversión Real Directa se encuentra influido principalmente por las obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); la implementación del Plan Federal Juana Manso; la Construcción Etapa I del Gasoducto Néstor Kirchner – Transport.Ar entre localidades Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires); los proyectos para el mejoramiento del transporte y la renovación, puesta en valor y mejoras de ramales ferroviarios (Belgrano Cargas, Sarmiento, Roca, San Martin y Belgrano Sur); los proyectos del Ministerio de Obras Públicas; las inversiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), fundamentalmente para la construcción de reactores (RA10 y CAREM); las obras de saneamiento de ENOHSA; las adquisiciones de bienes de uso del Ministerio de Salud, especialmente para el fortalecimiento de la capacidad del Sistema Público de Salud; y la construcción de vehículos lanzadores (Tronador II A, B y C) y las misiones satelitales que lleva adelante la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); entre otras inversiones reales que se destacan en el Proyecto de Presupuesto 2022.
Destino de las Transferencias. Las Transferencias de Capital más significativas tienen como destinatarios las provincias y municipios (36,5% de las transferencias de capital), pero también otros integrantes del Sector Público Nacional como son la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), la empresa Integración Energética Argentina S.A., la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).
Barraud remarca que, estos análisis no se limitan a una aplicación puntual de un presupuesto que incluya altas transferencias por la necesidad de hacer una obra muy grande en una provincia un año determinado, sino que es algo que trasciende la ejecución presupuestaria año tras año: “lo vemos todos los años a esto. Cada Presupuesto que uno analiza encuentra estas fuertes disparidades federales y normalmente provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza siempre están a la cola de la distribución per cápita. Es una diferencia muy grande, no se ve en las trasferencias a jurisdicciones que hacen otros países grandes. Si fueran transferencias que se hacen para buscar alguna igualdad o equidad en el desarrollo…no, son por cuestiones de decisiones políticas la mayoría y que luego son lo que conocemos como las transferencias discrecionales”.
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