La Ley de Etiquetado Frontal fue aprobada este martes por una amplia mayoría de 200 votos en la Cámara Baja. Se trató de una sesión maratónica de más de 11 horas de debate en la que algunos legisladores plantearon reparos que quedaron picando, como el de la diputada por el PRO Carmen Polledo: aseguró que dificultará la donación de alimentos.
En líneas generales, la diputada aseguró que comparte “la idea general del proyecto de promover una alimentación saludable de los productos que consume la población”, pero resaltó que “hay aspectos centrales” a los que no adhiere, por lo que presentó un dictamen de minoría propio.
En coincidencia con lo que argumentaron referentes de la industria alimenticia opuestos a la ley, Polledo aseguró que el sistema de etiquetado debe ser “integral y completo”, con más información nutricional de cada producto y que es preferible apostar por más educación alimenticia.
El modelo planteado en la norma que se sancionó, en cambio, exige a las empresas advertir con sellos negros al frente de los envases sobre los excesos en ciertos nutrientes críticos, como sodio, azúcar y grasas saturadas, para captar rápidamente la atención de los consumidores.
Los sellos negros deberán ser colocados en el frente de los envases.
Pero además, señaló que la norma “censura” la libertad de expresión. La ley, dijo, “cuando se los castiga con al menos un sello se prohíbe toda forma de marketing, publicidad y hasta la donación de alimentos”.
Y puntualizó: “En un país con semejante margen de pobreza no se van a poner donar alimentos que tengan al menos un octógono negro. Se olvidan que la publicidad es parte de la libertad de expresión y el modo que lo plantea el proyecto es censura previa y va en contra de la Constitución”.
Clarín consultó a la diputada por el PRO Gisela Scaglia, que descartó esa posibilidad: “La ley no habla en ningún lado de la donación de alimentos”. La autora de uno de los proyectos de Ley de Etiquetado Frontal explicó que esa lectura proviene de una malinterpretación del artículo 10, que se refiere a la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos.
Ese punto de la norma “prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasados, que contengan al menos un sello de advertencia, que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes”.
La diputada Carmen Polledo sostuvo que la ley impedirá la donación de alimentos. Foto: Néstor García
En el inciso D de esa mismo artículo, se aclara que más allá de la edad del público objetivo, las empresas también “tienen prohibida la promoción o entrega a título gratuito” de los alimentos y bebidas que contengan al menos un sello de advertencia.
Scaglia explicó que el inciso “está orientado básicamente a la promoción en un supermercado en el que se entregan pedacitos de alfajores o un evento que lo patrocina fútbol infantil y que el auspiciante sea una marca que regale gaseosas o gaseosas con sellos”.
Polledo, no obstante, insistió que “una donación es lo mismo que dar a título gratuito”, consultada por este diario.
Un caso particular es el de las escuelas. El artículo 12, especifica que para garantizar una alimentación saludable, “los alimentos y bebidas alcohólicas que contengan al menos un sello de advertencia o leyendas precautorias no pueden ser ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados en los establecimientos educativos que conforman el nivel inicial, primario y secundario del sistema educativo nacional”.
Las etiquetas con octógonos negros llegarán a las góndolas en alrededor de nueve meses, si se considera que el Gobierno nacional tiene hasta 90 días para reglamentarla y las empresas, unos seis meses para hacer los cambios en los envases de sus productos. Quedarán afuera las empresas más pequeñas, que podrán pedir una prórroga de 12 meses.
MG