En la causa por lavado de dinero donde Lázaro Báez fue condenado a doce años por lavado de dinero, el fiscal Guillermo Marijuan pidió que Cristina Kirchner continúe siendo investigada. Es en respuesta a una vista que corrió el juez Sebastián Casanello después de que la Cámara Federal porteña le ordenara resolver la situación procesal de la vicepresidenta: hace tres años tiene una falta de mérito. En su dictamen, el fiscal insiste con una batería de medidas para profundizar la investigación y después resolver si la vice es responsable de la acusación o no.
Cristina fue indagada el 18 de septiembre de 2018, en el marco de la Ruta del Dinero K, tras la imputación del fiscal Marijuan. Cuando pidió que sea citada a declarar, se sostuvo que durante la investigación que terminó causando la primera condena para Báez, “mantenía un vínculo con su consorte de causa” lo que permitía “afirmar su participación en las acciones de lavado por las que el nombrado Báez y otros imputados ya habían sido indagados”.
En dicha ocasión, la vicepresidenta declaró -a diferencia de otras citaciones realizadas por la justicia federal- y también sumó un escrito, en el que señaló, entre varias consideraciones, “no haber tenido participación alguna en los hechos que le fueran imputados”.
En noviembre de 2018 Casanello resolvió que no existía mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina Kirchner, disponiendo diversas medidas de prueba, “cuyos resultados parciales se fueron incorporando en autos”, explicó Marijuan en su dictamen.
En febrero de este año,el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavar 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. En ese expediente está imputada Cristina Kirchner, pero con una falta de mérito.
Después de tres años, la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó al magistrado que resuelva la situación procesal de Cristina, entendiendo que no podía permanecer con una falta de mérito tanto tiempo porque se violaban los plazos estipulados en el Código Procesal Penal. Al pedir la opinión de la fiscalía, Marijuan consideró que la investigación “no se encuentra acabada”.
En ese sentido, estimó que era “necesario, a los fines de completar el cuadro probatorio que permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados, la realización” de un conjunto de pruebas.
Entre los aspectos considerados por el fiscal, se recordó que aún hay un expediente en instrucción donde se encuentran imputados Báez y la vicepresidenta, y donde se busca determinar si la fortuna de 1.412 bienes valuados en 205 millones de dólares (al tipo de cambio en 2016), fue adquirida a título personal, o si el contratista K procedió-como dice la acusación- como testaferro de Cristina Kirchner.
“Se encuentra pendiente la finalización del informe encomendado a la Dirección de Recupero de activos de la Procuración General de la Nación, orientado a determinar y detallar todos los elementos que hacen a los numerosos actos de compra venta en el país por parte del grupo Báez y sus integrantes identificados en el Legajo de investigación patrimonial n° 3017/2013/109, cuya conclusión puede resultar relevante a los fines de valorar la situación procesal de la imputada”, explicó Marijuan.
Entre las medidas solicitadas por el representante del Ministerio Público Fiscal, se pidió certificar el expediente donde se investiga “la construcción y administración del mausoleo del ex Presidente Néstor Kirchner por parte de Lázaro Antonio Báez”, para verificar el estado de esa investigación.
También se solicitó que se cite a declaración testimonial a los presidentes y gerentes generales del Banco de Santa Cruz “al tiempo en que Lázaro Báez se desempeñaba en esa entidad –años 1994 a 1998-, a los fines de que se explayen sobre el vínculo del nombrado con el matrimonio Kirchner, el nivel económico que ostentaba Báez cuando ingresó a trabajar a ese banco y el que fue adquiriendo a lo largo de los años, los movimientos de las cuentas bancarias que podría haber manejado el nombrado del matrimonio Kirchner y toda información al respecto”.
En ese mismo sentido, Marijuan busca que la gobernación de Santa Cruz “informe si Lázaro Báez ocupó algún cargo en ese organismo, ya sea como funcionario o empleado y en su caso, en qué períodos”.
Las diligencias requeridas al juez incluyen nuevamente un entrecruzamiento de llamados “de los abonados telefónicos de Lázaro Antonio Báez y de Cristina Elisabet Fernández, siempre en el período comprendido entre octubre de 2010 y abril de 2013”, que es el período investigado en la causa por lavado de dinero. Esta medida se pidió que sea realizada por la Oficina de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado –DAJUDECO- del Poder Judicial de la Nación.
Finalmente, Marijuan requirió que la Casa Rosada informe “si de sus registros surgía el ingreso de Lázaro Antonio Báez o alguno de los coimputados, o personas de su entorno”.
La ruta del dinero K quedó vinculada con el expediente que investiga la defraudación a través de la obra pública, considerando a esta última como el “delito precedente” de las maniobras de blanqueo. En el direccionamiento de los contratos, Báez recibió 51 licitaciones por 46.000 millones de pesos, que luego fueron aplicados a diferentes maniobras de lavado.