Una investigación judicial reveló que la Iglesia Mormona de Villa Allende, en Córdoba, le pagó 4,7 millones de pesos a la familia de una adolescente para desvincularse de una denuncia de abuso sexual en la que está imputado uno de sus miembros, que fue detenido este lunes.
El imputado por el abuso –Marcelo Moreno Pérez (34)– se desempeñaba en el área de “Hombres Jóvenes” de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.El hecho denunciado ocurrió en 2017 y el acusado estaba imputado desde 2019, pero gozaba de libertad hasta que el fiscal de la Cámara 3ª de Córdoba, Marcelo Hidalgo, solicitó su detención.
A raíz del acuerdo económico al que llegaron con la familia de la víctima, el caso se mantuvo oculto hasta que este fin de semana se hizo público a través de una nota periodística que se dio a conocer en el portal Cba24n.com.ar.
La respuesta de la Iglesia
La Iglesia hizo una declaración a raíz de la difusión del caso y de las últimas novedades judiciales. “Como seguidores de Jesucristo, condenamos el abuso en cualquier de sus formas. La postura de la Iglesia es que el abuso no se puede tolerar y quienes ejercen abuso son responsables ante Dios y ante los tribunales correspondientes. Nadie debe abusar de otra persona y nadie debe ser víctima de abuso. Asimismo, es un serio asunto que afecta a la sociedad en su conjunto y es contrario a la ley”, dice en unos de los párrafos.
En otro punto, y antes de detallar su mirada en varios aspectos, la Iglesia asegura que “lamenta con tristeza los motivos y decisiones deliberadas de personas que determinaron que hechos que ya se estaban investigando en el ámbito apropiado, que es el judicial, trascendieran a los medios de comunicación causando revictimización y afectando el buen nombre de personas inocentes”.
Dado que la información divulgada en los medios de comunicación no se ajusta a la realidad de los hechos, hacemos saber que:
1- A partir de la denuncia efectuada en el año 2017 por la familia de una joven se inicia inmediatamente una investigación penal por abuso.
2- Al tomar conocimiento de la denuncia, la Iglesia prontamente proporcionó amplia asistencia espiritual, profesional y económica a la víctima y su familia, en concordancia con las creencias y normas propias que son públicas y de fácil acceso a cualquier interesado.
3- En el transcurso de la etapa inicial de la investigación penal (2017/2018) la Iglesia y sus responsables eclesiásticos locales brindaron total y absoluta colaboración a los requerimientos del proceso judicial.
4- A mediados del año 2020 la Iglesia recibe una notificación respecto a un reclamo judicial de resarcimiento por vía civil de parte de la familia de la víctima. Por lo tanto, sin estar obligada y respetando la normativa que rige en este fuero, con el acuerdo de los padres de la menor y ella misma, los abogados de la familia y el asesor de menores asignado por el Ministerio Público, se firma y se homologa un acuerdo poniendo fin al requerimiento judicial civil en los términos solicitados por la víctima y su familia.
5- La naturaleza del asunto acordado exige principios de confidencialidad habitualmente utilizados que apuntan a preservar la intimidad de todas las partes evitando su revictimización.
6- Es incorrecto sostener que el acuerdo de referencia y su confidencialidad pudieran impedir a la víctima realizar una presentación judicial ya que la causa penal se había iniciado en 2017.
7- El actuar de la Iglesia siempre ha sido ajustado a la normativa vigente, por consiguiente el acuerdo antes mencionado fue tramitado en su totalidad por asesores jurídicos y no por responsables eclesiásticos locales. La alusión pública irresponsable y mención del Presidente de Estaca Alejandro Paolantonio y el Obispo Hector H. Herrador, los afecta de manera deliberada en su buen nombre y reputación. Desde su rol espiritual estas personas ofrecieron en todo momento su servicio voluntario para asistir a la víctima y su familia.
El caso
La carátula con la que el caso llegó a juicio es “abuso sexual con acceso carnal” contra una adolescente de 14 años, agravado por su condición de guardador: Moreno Pérez llevaba a la chica a una actividad vinculada con la institución cuando ocurrió el abuso.
Sin embargo, el fiscal pedirá incorporar también una agravante por tratarse de un ministro de culto, acusación que tiene penas de entre 8 y 20 años de cárcel.
Durante la investigación, el fiscal detectó que los representantes legales de la Iglesia Mormona le hicieron firmar un “convenio de reparación” a la familia de la víctima, por el cual le pagaban una suma de 4,5 millones de pesos a cambio de tapar el escándalo. Este acuerdo fue firmado durante 2020 y homologado en diciembre.
En diálogo con Clarín, Hidalgo detalló que el hecho que originó la causa ocurrió el 3 de setiembre de 2017. La madre de la menor, que forma parte de la Iglesia, le encargó el cuidado de la niña y éste se ofreció a llevarla a una actividad de coro. Sin embargo, según lo que se detectó en la investigación, en la mitad del traslado la condujo hasta su casa donde se produjo el abuso.
“Se desarrolló toda la investigación y a fines del año pasado la causa llegó a la Cámara y nos enteramos de la existencia de un acuerdo reparatorio en materia civil por el cual la Iglesia Mormona le paga a una familia de la niña una suma de 4,7 millones de pesos”, explicó el fiscal.
Y expresó: “El acuerdo tiene una serie de cláusulas que son deplorables y siniestras producto de una situación de un oscurantismo que es tristísimo y lamentable”.
Entre esas cláusulas, subrayó que se destaca una que prohíbe a la víctima y a su familia hacer cualquier tipo de “manifestación sobre el hecho ni sobre ninguna otra persona de la Iglesia que podría estar involucrada”.
Además, el acuerdo plantea que “la familia se compromete a no realizar ningún tipo de acción contra cualquier otro miembro de la iglesia que pudiera estar involucrada”.
Por otro lado, Hidalgo sostuvo que es notorio que el convenio judicial demuestra la intención de la Iglesia de despegarse del acusado.
Y apuntó que además de trabajar en la iglesia de los mormones de Villa Allende, Moreno Pérez se desempeñó como docente en una escuela de la zona, incluso después de haber sido denunciado.
El fiscal, que también pedirá investigar a los posibles encubridores del abuso, indicó que hay dos análisis de ADN por restos genéticos hallados en la ropa de la adolescente que incriminan al acusado.
Por lo pronto, Moreno negó las acusaciones y se abstuvo de declarar. El juicio oral comenzaría el 30 de noviembre.
GL