La quita de los derechos de exportación a las empresas de servicios intensivos del conocimiento está en línea con los requerimientos de la economía global
La Ley de Economía del Conocimiento brinda una gran ventaja para aquellas pequeñas y medianas empresas que logren anotarse en el registro. El beneficio incentivará a la creación de nuevas firmas y la incorporación de más trabajadores en las ya existentes, en un contexto donde el sector privado atraviesa al menos una década de declive, con el cierre de más firmas de las que abrieron.
Es muy conocida la baja tasa de nacimiento de empresas en la Argentina: mientras la tasa de natalidad anual en el país es de una nueva empresa formal cada 2.326 habitantes, ese indicador es de una cada 347 en Brasil y de 1 cada 125 en Chile, según datos de la Fundación Observatorio PyME (FOP).
Esta situación desfavorable se agravó desde 2011, año a partir del cual se cierran anualmente más empresas que las que nacen. Por otro lado, las firmas empiezan sus actividades con solamente tres empleados en promedio, y aquellas que sobreviven demoran un promedio de siete años en duplicar esa cantidad de personal, de acuerdo con información de la Secretaría de Transformación Productiva de la Nación.
En síntesis, se verifica un panorama general de estancamiento, o retroceso, en el campo de la creación de empresas, con lenta expansión del empleo y baja competitividad. La experiencia internacional señala que el otorgamiento de incentivos fiscales y crediticios tiene un impacto positivo en la tasa de creación de algunas compañías.
La Ley de Economía del Conocimiento (EDC), aprobada en octubre del 2020, beneficia e incentiva la creación de empresas y “startups” de un sector donde la pandemia ha potenciado el crecimiento, en algunas de ellas en forma exponencial.
Con la Ley de Solidaridad publicada a fines de 2019, pero con vigencia al 2020, se había establecido que los derechos de exportación de servicios ascendían a una tasa del 5%. Solo quedaban fuera de este universo las micro y pequeñas firmas que tuvieran el Certificado Pyme y realizaran exportaciones con un “mínimo exento” de u$s600 mil.
La Ley de EDC beneficia a las empresas que logren inscribirse en el registro, con una reducción al 0% para el caso de prestaciones de servicios, es decir ese sobrecosto desaparecerá en el mismo momento que se complete ese trámite con éxito.
Según datos de la Subsecretaria de Economía del Conocimiento, al 13 de septiembre, el registro contaba con 186 empresas anotadas, lo que significa unos u$s580 millones en exportaciones promovidas. No obstante, son muy pocas las compañías que a la fecha ya gozan de ese beneficio.
El 24 de junio la RG 5013 de la AFIP había establecido el mecanismo para las empresas ya inscriptas en el registro de Ley de EDC y la forma operativa de compensar los saldos ingresados en exceso, dado que las inscripciones suelen demorar varios meses.
Se sumaron recientemente algunos anuncios oficiales en línea para liberar los derechos a la exportación, desde enero del 2022, de aquellos servicios producidos en el país y consumidos en el exterior, con el objetivo de fomentar la creación de empleo de calidad y generar divisas.
La Ley de Economía del Conocimiento beneficia e incentiva la creación de empresas.
Beneficios para empresas
La idea sería eliminar estas retenciones, por lo cual se beneficiará a la producción de servicios intensivos en conocimiento. Todo hace pensar que la medida haría referencia a las actividades del conocimiento a priori, si bien aún no está publicada la norma en cuestión.
Es en línea con estos anuncios lo que sucede en el mundo, ya en el Informe sobre el Comercio Mundial 2020 se explora el creciente uso de políticas para fomentar la innovación digital.
Un número creciente de gobiernos adoptaron políticas destinadas a fomentar la innovación y el progreso tecnológico para sus economías, tendencia que tiene repercusiones en las corrientes comerciales y las normas por las que se rige el comercio mundial, según la edición de 2020 del Informe sobre el Comercio Mundial de la OMC.
Todo esto en un contexto donde la pandemia aceleró la aceptación del comercio electrónico y la innovación digital y, con ello, la introducción de medidas gubernamentales de apoyo a la creación de capacidad y la mejora de la tecnología de la información y las comunicaciones.
En el mundo se explora el creciente uso de políticas para fomentar la innovación digital.
Encolumnada con el informe de la OMC, la quita de los derechos de exportación a las empresas de servicios intensivos del conocimiento está en línea con los requerimientos de la economía global y auguraría mejores perspectivas para el crecimiento del sector.
(*) Socia de SMS Buenos Aires, a cargo de la división Misión Pyme.