Alberto Fernández cede ante los pedidos de Cristina Kirchner, pero también de otros aliados más próximos, como el Movimiento Evita, o más incómodos, como Juan Grabois y La Cámpora. El anuncio presidencial de este lunes que permitirá que partir de noviembre los 2,3 millones de familias beneficiarias de la tarjeta Alimentar cobren ese beneficio a través de la cuenta de la Asignación Universal por Hijo era, por motivos diferentes, un reclamo de larga data de los movimientos sociales y de la organización que conduce Máximo Kirchner.
El 14 de enero de 2020, menos de un mes después de que el Ejecutivo lanzara la tarjeta Alimentar, uno de los programas estrella del ministerio de Desarrollo Social que entonces conducía Daniel Arroyo, Grabois pateó el tablero. “No estoy de acuerdo con lo que están haciendo con la tarjetas alimentarias. Hay comercios de barrio que no tienen posnet, y esto lleva a concentrar el consumo en el supermercadismo, que es bastante monopólico, y a marcas que tienen espacio de privilegio en las góndolas”, sostenía el líder del MTE.
El dirigente social y referente de Patria Grande pretendía que el beneficio se pagara a través de la ANSES. “Hay un sistema que funciona muy bien en la Argentina, que es el de la AUH, donde todo el mundo tiene su tarjeta ya impresa”, sostenía.
Grabois no estaba solo en su crítica a la metodología de pago. El Movimiento Evita, que conduce el secretario de Economía Social de Desarrollo Social, Emilio Pérsico -a cargo del otro programa emblema del ministerio, el Potenciar Trabajo– también criticaba que el supuesto tutelaje que representaba la tarjeta, que solo permitía comprar alimentos (y de esa manera medir, en teoría, en tiempo real qué consumía la población beneficiada).
“La tarjeta Alimentar es pan para hoy y hambre para mañana”, sentenció Pérsico en mayo, un día después de que el Presidente anunciara con bombos y platillos la ampliación del beneficio para los madres con chicos de hasta 14 años y un aumento en las partidas.
Alberto Fernández junto al ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta y la titular de la ANSES Fernanda Raverta. Foto: Presidencia
Desde entonces, el monto para la compra de alimentos para madres con un hijo pasó a ser de $ 6 mil; de $ 9 mil, para aquellas con dos hijos; y de $ 12 mil para quienes tuvieran tres o más hijos. El costo programa pasó de $ 10 mil millones por mes a $ 18 mil millones.
Los movimientos sociales siempre se quejaron del supuesto costo financiero que traían aparejados los plásticos, un detalle que las gestiones de Arroyo y su sucesor, Juan Zabaleta, negaron, porque eran tarjetas de bancos públicos.
Por último, desde que la dirigente de La Cámpora Fernanda Raverta desembarcó en la ANSES, el kirchnerismo presionó para quedarse con el programa social. El dinero, de todos modos, seguirá saliendo del presupuesto de Desarrollo Social, pero la logística será de la ANSES. Curiosamente, las organizaciones sociales señalaron que, aunque la medida estaba en estudio, se sorprendieron gratamente con el anuncio. La relación entre el Evita y La Cámpora es tensa, pero en esta oportunidad compartían el mismo objetivo.
El debate por los planes
El ahora candidato a diputado Arroyo, ideólogo del programa, apagó su celular desde el lunes. Sus colaboradores tampoco hicieron comentarios. En campaña, el Presidente le había dado el crédito a la primera candidata Victoria Tolosa Paz. “La tarjeta Alimentar es fundamental para las familias y para generar movimiento económico local”, solía repetir Arroyo a quien quisiera escucharlo.
Los intendentes del Conurbano, aliados del Presidente, siempre celebraban que la tarjeta Alimentar se utilizaba en los negocios de cercanía; en los municipios. Las organizaciones se quejaban de que las cadenas de supermercados concentraran las compras, porque en los mercados populares y negocios de barrio no todos tienen postnets.
Para suplir esa falta, el plan original incluía la generación de un código QR a través de teléfonos celulares, pero nunca llegó a implementarse. “La tarjeta Alimentar garantiza soberanía y seguridad alimentaria”, decía el flamante ministro Zabaleta en agosto. El lunes se plegó a la tesis de las organizaciones. “El objetivo es beneficiar al consumo directo en el barrio”, dijo.
En el Evita celebraron la medida porque dicen que ahora permitirá constatar quiénes están “sobre-atendidos” -“cuando la política mete la cola”- en detrimento de quienes reciben menos ayuda social. En septiembre, por ejemplo, una familia con tres hijos podían cobrar $10.800 de AUH, $ 21.249 del Certificado Escolar de la Declaración Jurada y $ 12.000 de Tarjeta Alimentar y, si percibían el salario social complementario del Potenciar Trabajo $ 14.040 mil: un total de $ 58.089. Las organizaciones oficialistas empujan un proyecto para que la ayuda social no pueda ser superior al salario mínimo que recién en febrero será de $ 33 mil.
“Al final nos hicieron caso. Se demostró que era una política inflacionaria y que las restricciones no mejoraban la calidad nutricional de las compras. Se hicieron estudios. Los receptores eran las grandes cadenas de supermercados en perjuicio de los comercios barriales”, insistió Grabois ante la consulta de Clarín.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, acostumbrado al “fuego amigo” también celebró la nueva medida, aunque con matices. “Si bien la solución estructural es una mayor inclusión financiera con formalización, conectividad e integración de todos los comercios de barrio, y lo estamos trabajando, en un contexto como el que estamos viviendo es necesario priorizar con sentido común”, sostuvo.